Guardia Civil solicita documentos sobre cinco contratos de patrocinio en Diputación de Cádiz
La Guardia Civil investiga contratos de patrocinio vinculados a festivales en Cádiz, centrando la pesquisa en el promotor Pascual Llopis y su relación con la Diputación.
La Guardia Civil ha requerido a la Diputación de Cádiz la entrega de cinco expedientes relacionados con contratos públicos de patrocinio de conciertos, en el marco de una investigación judicial que sigue bajo secreto de sumario. La acción se desarrolló en la sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la diputación, sin que se haya realizado un registro, según indicaron las autoridades.
Estos contratos están vinculados al empresario Pascual Llopis, conocido promotor de conciertos y propietario de locales de ocio en la provincia, incluyendo la discoteca Banana. Los agentes también llevaron a cabo inspecciones en distintos establecimientos y oficinas relacionadas con Llopis, tanto en El Puerto de Santa María como en esta provincia y en Sevilla. La investigación es dirigida por un juzgado de Cádiz y cuenta con apoyo de la Fiscalía Antidroga.
El foco principal de la pesquisa es la posible conexión entre los contratos de patrocinio público concedidos a festivales y conciertos con una supuesta actividad empresarial de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico, aunque hasta ahora no se han producido imputaciones oficiales contra responsables políticos.
Desde hace años, la Diputación de Cádiz mantiene una política de patrocinio económico a grandes eventos culturales y musicales como parte de su estrategia para fomentar el turismo y dinamizar la actividad cultural en la provincia. Estos apoyos se formalizan mediante contratos privados que suman cientos de miles de euros en inversión pública. Los expedientes requeridos ahora forman parte de esta práctica habitual, pero están bajo análisis en el contexto de esta investigación.
El portavoz del Gobierno provincial confirmó la colaboración plena tanto de los funcionarios como de la institución con las solicitudes de la Guardia Civil durante el proceso, reforzando la transparencia en el acceso a la documentación.