Abogados que ganaron casos contra la NCAA aún no reciben pagos tras litigios por elegibilidad

Los abogados que representan a atletas universitarios en demandas contra la NCAA para obtener temporadas adicionales de elegibilidad en la universidad han trabajado en su mayoría sin recibir honorarios hasta ahora. Estas acciones legales buscan que un tribunal impida que la NCAA declare ineligible a un jugador, no reclaman daños económicos directos.

En estos casos, los honorarios suelen acordarse como un porcentaje —normalmente el 15 %— de las ganancias que pueda obtener el atleta por acuerdos de NIL (nombre, imagen y semejanza) o acuerdos de reparto de ingresos durante la temporada que consiga jugar gracias a la demanda. Sin embargo, esos ingresos suelen ser modestos; el contrato medio de NIL reportado por la NCAA en años recientes fue de solo unos pocos miles de dólares.

Un ejemplo es el abogado Ryan Downton, quien representó a Diego Pavia, corredor finalista del Trofeo Heisman, y a otros atletas en casos contra la NCAA. Downton cobra una tarifa por hora elevada y en su modelo de contingencia puede recibir hasta un 40 % si hay recuperación económica, pero hasta el momento no ha cobrado nada por estos casos. Pavia, aunque recibió ingresos millonarios en su sexta temporada universitaria, no le ha pagado honorarios, pero prometió una camiseta autografiada como reconocimiento.

Otro caso es el de Tom Mars, quien logró que Trinidad Chambliss obtuviera elegibilidad para la temporada 2026 de fútbol americano universitario. Mars no solo trabajó sin cobrar, sino que también pagó gastos propios para asistir a audiencias. Ejerció en calidad pro bono, sin honorarios, al igual que sus colegas locales que actuaron en el caso.

Estos procedimientos suelen ser acelerados y se centran en que el tribunal emita una orden que permita competir al atleta, sin que se reclamen indemnizaciones económicas. Por eso, el gasto principal para los abogados son horas de trabajo, desplazamientos y otros costos no recuperables si la demanda fracasa o no genera ingresos inmediatos.

Aunque hay casos emblemáticos con contratos NIL millonarios, la mayoría de los atletas demandantes no generan ingresos elevados con su participación adicional. De hecho, algunos ni siquiera obtienen ganancias, lo que dificulta que los abogados puedan cobrar sus honorarios si trabajan bajo el esquema de porcentaje de beneficios.

Este modelo facilita que atletas con recursos limitados accedan a representación legal para litigar contra la NCAA, a diferencia del pago por horas que podría ser prohibitivo. Además, los propios abogados han señalado que esta estructura contribuye a que el litigio esté más al alcance de estudiantes-atletas y sus familias.

Por otra parte, mientras algunos abogados no han recibido ingresos por estos casos, otros relacionados con litigios colectivos de atletas universitarios han logrado cobrar cifras millonarias en honorarios. La NCAA también ha gastado cientos de millones en defensa legal en los últimos años. El contraste destaca la diversidad de resultados económicos dentro del derecho deportivo y las disputas en torno a derechos de los atletas universitarios.