Congreso no avanza en reforma del deporte universitario y deja el problema en manos de las universidades

El proyecto de ley Protect College Sports Act (PCSA), que proponía una exención antimonopolio específica para la NCAA y sus miembros en temas como elegibilidad, transferencias, derechos de medios y límites de gasto, no llegó a votarse antes del receso de cinco semanas en el Senado. La iniciativa, patrocinada por los senadores Ted Cruz y Maria Cantwell, enfrentó oposición de varios legisladores que lograron detener el avance.

Entre las preocupaciones principales estuvo si el PCSA podría invalidar leyes estatales que restringen la participación de estudiantes transgénero en deportes conforme a su identidad de género. Aunque la oficina legal de la Casa Blanca aclaró que la legislación no afectaría esos temas, la inquietud persistió y bloqueó la discusión. Además, el líder mayoritario del Senado, John Thune, mencionó la necesidad de mayor claridad sobre el tema del NIL (nombre, imagen y semejanza), que ha sido objeto de múltiples audiencias en el Congreso durante varios años.

El NIL se refiere al uso comercial del derecho de publicidad de los atletas universitarios, incluyendo nombre, imagen, firma y otros rasgos identificativos, y debería asemejarse a contratos de patrocinio en deportes profesionales. Sin embargo, en la práctica ha servido también para pagos que se asemejan a bonificaciones por firmar o permanecer en una escuela, vulnerando la esencia original de las reglas de la NCAA.

La versión revisada del PCSA contemplaba que las universidades de conferencias importantes pudieran repartir un porcentaje significativo de sus ingresos por derechos de medios, entradas y patrocinios, sumando distintos fondos que totalizan alrededor de $49 millones para pagos y retención de atletas. Esta cifra incluiría desde becas tradicionales hasta llamadas bolsas de retención y un fondo para mujeres y atletas de deportes con bajos ingresos. Sin embargo, la mayoría de las aproximadamente 300 escuelas restantes probablemente no aprovecharían ni necesitarían estos recursos por sus limitados ingresos deportivos.

Un informe de la Government Accountability Office indicó que el 94% de los programas de División I registraron pérdidas en la temporada 2023-24, aunque estos programas usualmente atraen estudiantes, mejoran la matrícula y aumentan la recaudación con exalumnos. Aun así, esa realidad financiera limita la capacidad o voluntad de destinar más fondos a los atletas.

Fuentes allegadas señalan que algunas universidades están dispuestas a pagar a sus atletas más de lo que permitiría el acuerdo en la Cámara de Representantes, que además podría modificarse con consentimiento judicial. Por otra parte, existen opciones sin necesidad de intervención del Congreso para reducir el desorden en el deporte universitario.

Una es que las universidades respeten las reglas de la NCAA y que traten el NIL como realmente es, sin disfrazar pagos por rendimiento o permanencia. En ocasiones recientes, las demandas de atletas para mantener su elegibilidad han sido motivadas por promesas de las escuelas para inscribir jugadores que han agotado su elegibilidad base si consiguen una orden judicial contra la NCAA.

Otro camino posible es que las universidades reconsideren la negativa hacia el reconocimiento de atletas universitarios de División I como empleados, quienes podrían formar sindicatos. Aunque existen obstáculos legales en varios estados y administraciones universitarias para esta figura, la gestión conjuntas mediante convenios colectivos es un modelo común en ligas profesionales para regular salarios, condiciones laborales y sanciones ante incumplimientos.

El futuro del PCSA es incierto. Aunque se prometió una votación en septiembre, la agenda en el Senado y en la Cámara, además de la composición política que cambiará tras las elecciones de medio término, dificultan su aprobación inmediata. Mientras tanto, la responsabilidad para ordenar y regular el deporte universitario recae en las propias instituciones y en la aplicación real de las normas vigentes.