El tribunal de apelaciones estudia la suspensión nacional de elegibilidad NCAA para atletas universitarios
La Corte de Apelaciones del 10º Circuito evalúa si mantiene o suspende una orden que permite a miles de atletas retornar a competir en el ciclo 2026–27, tras cumplir cuatro años d…
El tribunal de apelaciones a cargo del 10º Circuito recibió documentos contrapuestos de la NCAA y un grupo de doce atletas que iniciaron su carrera universitaria en 2022–2023, completaron cuatro años de elegibilidad y buscan disputar una temporada adicional. La disputa gira en torno a la suspensión o continuidad de una orden judicial que autoriza el regreso a la competencia de miles de exjugadores considerados ineligibles.
La orden, dictada por la jueza distrital Charlotte N. Sweeney el 31 de julio, fue inusual porque certificó a nivel nacional una clase de atletas de División I de forma rápida, en contraste con otros procesos antimonopolio que suelen tardar años. Esta acción impide a la NCAA negar la elegibilidad a estos deportistas.
Los atletas opositores, algunos con experiencia destacada en sus equipos la temporada pasada y otros que incluso firmaron con equipos profesionales, argumentan que les resulta injusto no poder competir cinco años, cuando la NCAA recientemente aprobó un sistema que permite ese máximo pero sin efecto retroactivo para quienes ya completaron sus carreras.
La NCAA solicitó al 10º Circuito que suspenda la orden mientras se revisa si la jueza aplicó correctamente la ley. Esta suspensión podría definir el resultado práctico del caso, dado que las temporadas deportivas universitarias comienzan pronto y que los deportistas involucrados podrían perder la oportunidad de competir si la orden queda suspendida.
En un escrito presentado el 14 de agosto, los atletas sostuvieron que buscan equidad y destacan que la falta de retroactividad en las nuevas reglas limita su desarrollo y oportunidades económicas, incluyendo ingresos vinculados a nombre, imagen y semejanza (NIL) y reparto de utilidades propias del deporte universitario.
Por su parte, la NCAA argumenta que la jueza Sweeney apresuró el proceso de certificación de la clase y que la redacción de la orden generó confusión. Asimismo, critican la demanda de justicia de los demandantes, afirmando que «la justicia es subjetiva» y que muchos jugadores y escuelas no consideran adecuado que miles de exjugadores vuelvan a competir, especialmente cuando los planteles se formaron bajo reglas previamente acordadas.
La NCAA defiende que la ley antimonopolio regula la competencia del mercado, no nociones subjetivas de equidad, y señala que la aplicación correcta de la ley requiere un análisis riguroso que, según afirma, no se cumplió en esta decisión judicial. También cuestionan la definición del mercado relevante propuesta por los atletas, señalando que no es lógico que distintas disciplinas deportivas o niveles profesionales sean considerados sustitutos dentro del mercado laboral de atletas universitarios.
Otro punto central es el daño irreparable. Los atletas consideran que perder la posibilidad de una temporada extra es un perjuicio que no se puede reparar con dinero, mientras la NCAA alerta sobre el impacto negativo en los miles de jugadores que eligieron sus universidades con la expectativa de no tener que competir con esos exatletas.
En paralelo, una corte de apelaciones en Ohio concedió una suspensión similar a favor de la NCAA en otro caso con circunstancias parecidas. Esto podría favorecer la posición de la NCAA en el 10º Circuito, que podría resolver rápidamente la solicitud de suspensión dado que está en juego la participación deportiva y académica de miles de estudiantes.