La nueva política de elegibilidad de la NCAA genera más demandas en lugar de reducirlas

La aprobación del nuevo reglamento de elegibilidad de la NCAA, que otorga a los atletas cinco años para completar hasta cinco temporadas tras cumplir 19 años o ingresar a la universidad, ha provocado un aumento significativo en los litigios contra la organización. Esta política, creada para otorgar un año adicional y unificar normas, no detuvo la serie de demandas sino que intensificó el volumen de casos presentados.

Un punto central de las controversias es que la NCAA excluyó a los jugadores que se graduaron de preparatoria en 2022 y que ya agotaron cuatro años de elegibilidad, negándoles la posibilidad de un quinto año. Esta situación ha impulsado a numerosos atletas a buscar una solución a través de la vía legal, lo que ha sobrecargado la carga de trabajo de abogados especializados en casos de elegibilidad y derechos de imagen.

En respuesta, abogados como Darren Heitner y Ryan Downton han presentado demandas en distintas jurisdicciones representando a decenas de jugadores que reclaman la extensión de su elegibilidad. Un caso emblemático radicado en el condado de Hamilton, Ohio, contempla la petición de al menos 15 jugadores de baloncesto masculino y femenino que alegan que la NCAA ha incumplido el contrato al no incluirlos bajo la nueva política. Un juez local concedió una medida cautelar que obliga a la NCAA a otorgarles un año más de participación y les permitió usar el transfer portal pese a estar cerrado temporalmente.

Antes de esta sentencia, ya existían acciones en desarrollo en otros estados como Tennessee, Georgia y California, involucrando a decenas de jugadores, entre ellos figuras universitarias reconocidas. Paralelamente, se ha presentado una demanda colectiva en un tribunal federal de Colorado que aúna jugadores de varias disciplinas y que argumenta que la normativa viola las leyes federales antimonopolio por restringir indebidamente el acceso a beneficios económicos y educativos para estudiantes-atletas.

La NCAA defiende la base de su política y ha recurrido la orden judicial obtenida en Ohio. Además, advierte que la aplicación de esta regla busca preservar el equilibrio de participación esperado y no permitir un derecho adquirido para quienes ya han completado sus temporadas previstas. Sin embargo, el proceso de apelación está en curso y el debate también incluye controversias sobre la capacidad de la NCAA para sancionar a las instituciones que inscriban a estos jugadores afectados.

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027 próximo, la indefinición persiste sobre quiénes podrán disputar competencias esta temporada. Mientras tanto, la comunidad legal y de atletas continúa gestionando y presentando demandas, reflejando un ambiente de presión sobre la NCAA y la industria universitaria del deporte.