La SEC amenaza con expulsar a LSU en disputa sobre reglas de elegibilidad deportiva
La SEC presentó una demanda contra LSU y propone expulsar a la universidad por incluir a jugadores con contratos profesionales, en medio de una batalla legal y reglamentaria inter…
La Southeastern Conference (SEC) inició acciones legales contra LSU y avanza con la posibilidad de votar la expulsión del programa de fútbol americano de la universidad, debido a la participación de jugadores que estuvieron vinculados a equipos profesionales durante el verano. Esta situación abre una nueva dinámica de litigios internos entre conferencias y sus miembros para mantener la autoridad sobre las normas de elegibilidad.
El conflicto surge tras la inclusión de los jugadores Dae’Quan Wright y Zxavian Harris en la plantilla de LSU, quienes tenían contratos o vivieron periodos de prueba con equipos de la NFL. La SEC prohíbe que atletas bajo contratos profesionales compitan en la conferencia, fundamentando esta regla en la premisa de que el deporte universitario es fundamentalmente distinto al profesional por la condición de estudiante de tiempo completo de los deportistas.
El caso forma parte del litigio Pyburn v. NCAA, en el que varios jugadores con cuatro años de elegibilidad y posterior vinculación con equipos profesionales buscan continuar su carrera universitaria. Aunque una orden judicial permitió a Wright y Harris disputar partidos pese a las reglas de elegibilidad de la NCAA y la SEC, LSU optó por no incluirlos en el inicio de temporada, aunque la posibilidad de incorporarlos en fases futuras generó la reacción de la conferencia.
Este litigio se enmarca en un contexto de creciente autonomía de las conferencias. La Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso NCAA v. Alston, estableció que las conferencias tienen mayor libertad para establecer normas internas sin incurrir en violaciones antimonopolio, posición que ha alentado a la SEC y la Big 12 a utilizar acciones legales contra sus propios miembros por incumplimientos normativos.
La SEC convocó a una reunión en la que se votará la posible expulsión de LSU, proceso que, según sus estatutos, requiere la aprobación de al menos dos tercios de los presidentes o rectores de las instituciones miembro. La decisión de expulsar a un miembro destacado como LSU, con uno de los equipos de mayor reconocimiento, presenta implicaciones contractuales y financieras significativas.
De concretarse la expulsión, LSU podría demandar a la SEC por incumplimiento de contrato e interferencia en sus relaciones comerciales, incluyendo contratos con entrenadores, patrocinadores y medios. En paralelo, dada la condición pública de la universidad, la Corte Suprema de Luisiana podría intervenir a solicitud del fiscal general del estado bajo legislación estatal.
La experiencia en la Big 12 con Texas Tech, que también enfrentó acciones legales por temas de elegibilidad, indica que la presión ejercida por las conferencias puede revertir decisiones de jugadores y universidades. Texas Tech retiró a su jugador Brendan Sorsby tras la demanda y el caso fue retirado por la conferencia, lo que sugiere que estos litigios internos tienen un impacto operativo real.
En definitiva, el escenario marca una diferenciación entre la NCAA, que supervisa competición y reglamentación a nivel nacional, y las conferencias más poderosas, que pueden ejercer de manera independiente mecanismos legales para hacer cumplir sus normas, conforme a lo previsto en la jurisprudencia actual.