Legislación sobre NIL y control de la NCAA profundizan desigualdades raciales en el deporte universitario

En medio del debate sobre el SCORE Act y el Protect College Sports Act (PCSA), el foco está en la protección del poder económico y la influencia de la NCAA, que afecta principalmente a atletas de raza negra, quienes generan la mayor parte de ingresos en fútbol americano y baloncesto universitarios.

El PCSA, aprobado en comisión en el Senado pero bloqueado antes en la Cámara, limita los derechos de los jugadores para negociar sus acuerdos de nombre, imagen y semejanza (NIL), además de negarles participación en decisiones sobre compensación y condiciones de juego. Esto amplía las disparidades raciales que ya existen y protege la estructura de control de la NCAA, que ha sido cuestionada en múltiples sentencias del Tribunal Supremo.

La NCAA ha mantenido históricamente un sistema de fijación de precios sobre el trabajo de los atletas universitarios, en particular sobre los jugadores de color que sustentan sus mayores fuentes de ingresos. A pesar de que la industria deportiva profesional ha avanzado hacia modelos de negociación colectiva con los jugadores, la NCAA continúa rechazando este modelo, utilizando sus influencias políticas para mantener su privilegio, incluso cuando equipos de éxito se han construido históricamente gracias a la integración racial que rompió barreras culturales y deportivas.

Esta lucha por los derechos económicos y laborales de los atletas universitarios no es nueva. Desde la década de 1970 con la lucha por contratos profesionales hasta la actualidad con NIL, el reconocimiento formal a los derechos de los jugadores llega tras décadas de litigios y avances parciales. Sin embargo, las iniciativas legislativas recientes como el PCSA no solo no amplían esos derechos, sino que además imponen límites que afectan también a las deportistas femeninas y a deportes olímpicos, mediante debilitamientos de leyes como el Título IX y mandatos sin financiamiento, sin ofrecer mecanismos dignos de reparto de ingresos.

Además, el PCSA no crea vías para que los atletas defiendan sus intereses directa o colectivamente frente a las instituciones, como sucede en otros ámbitos profesionales. Casos recientes muestran que jugadores universitarios pueden quedar en situaciones de indefensión ante decisiones administrativas, sin recursos legales efectivos más allá de litigios largos y costosos.

Históricamente, las ligas profesionales han resuelto conflictos por medio de la negociación colectiva, reconociendo la importancia de abordar las cuestiones de raza y justicia que son centrales en el deporte. Mientras tanto, la NCAA insiste en mantener un modelo cerrado, ignorando las lecciones de otros deportes y las demandas de sus propios atletas, que son mayoritariamente jóvenes de color, quienes han sufrido las consecuencias del amateurismo estrictamente regulado durante más de un siglo sin acceso a recursos ni representación.

El avance económico logrado por los jugadores con NIL aparece ahora amenazado debido a que la legislación propuesta en el PCSA limita el acceso a discusiones sobre cómo se estructuran y distribuyen los beneficios, dejando fuera a los principales afectados. En resumen, las leyes vigentes y propuestas preservan un sistema donde la NCAA mantiene privilegios no comparables con ningún otro organismo deportivo profesional en Norteamérica, sin que los atletas universitarios tengan un asiento en la mesa para defender sus derechos y participar en la negociación de su propio valor en la industria.