Tribunal confirma que empresas de derechos multimedia pueden ser entidades asociadas en acuerdos NIL

La jueza federal Claudia Wilken confirmó la decisión del administrador del acuerdo House que determina que las empresas de derechos multimedia (MMRs) y los patrocinadores externos pueden ser categorizados como «entidades asociadas» según el marco del acuerdo. Esta definición permite a la College Sports Commission (CSC) supervisar y revisar los contratos NIL para garantizar que reflejen un uso comercial auténtico del derecho a la publicidad de los atletas y no oculten acuerdos de pago por jugar.

Las entidades asociadas incluyen a los promotores tradicionales de programas deportivos, conocidos como boosters, y también a ciertas MMRs –como Learfield, Playfly Sports y JMI– cuando gestionan la propiedad intelectual de una institución y facilitan acuerdos para los atletas individuales de dicha escuela. La complejidad surge porque, a diferencia de los boosters, las MMRs no se alinean con una sola universidad y tienen un objetivo comercial, aunque cuando actúan simultáneamente con la escuela y el atleta generan una combinación entre lucro y promoción.

Los abogados que representan a los atletas en el acuerdo argumentaban que las MMRs no deberían entrar en la categoría de entidades asociadas debido a sus diferencias con los boosters tradicionales. Sin embargo, el magistrado especial encargado de supervisar el cumplimiento, Cousins, consideró que esta clasificación depende del contexto particular de cada situación, como la relación entre la MMR, la institución y el atleta. Por tanto, rechazó una categoría automática para todas las MMRs.

Wilken respaldó esta interpretación y mantuvo el criterio de Cousins. Asimismo, atendió otra petición de los abogados de los atletas respecto a la supervisión de las investigaciones que realiza la CSC sobre los acuerdos NIL con MMRs y patrocinadores externos. Estos abogados plantearon que dichas investigaciones son excesivamente amplias y generan cargas innecesarias, afectando la disposición de las empresas para concretar contratos NIL y, en consecuencia, perjudicando a los deportistas.

Sin embargo, Wilken estableció que primero deben plantear esta inquietud ante Cousins. Solo cuando él resuelva sobre el asunto podrán ambas partes presentar una petición ante la jueza. En paralelo, Wilken aceptó el reclamo de los representantes de los atletas respecto a su derecho a acceder a la documentación relacionada con las investigaciones de la CSC.

Este punto es materia de disputa entre las partes, dado que la NCAA y la CSC sostienen que el acuerdo no les otorga ese derecho explícito. Wilken señaló cláusulas del acuerdo que contemplan que las partes deben compartir materiales que sean «razonablemente necesarios y apropiados» para asegurar la efectiva implementación del acuerdo. De esta forma, reconoció la importancia del acceso a la información para dirimir el conflicto sobre las actividades investigativas de la CSC.