Conflicto legal por el campo de golf de Trump en Washington desata investigación judicial
Un juez federal designará un special master para indagar si funcionarios vinculados a Trump cometieron violaciones éticas en la remodelación del East Potomac Golf Links.

Un enfrentamiento entre las ramas judicial, ejecutiva y legislativa del gobierno de Estados Unidos surge a raíz de la transformación planeada por Donald Trump del campo público East Potomac Golf Links en un recorrido de campeonato. La disputa legal se centra en si altos funcionarios habrían engañado a la corte durante el proceso, lo que ha llevado a un juez federal a ordenar una investigación ética.
La jueza Ana C. Reyes informó que pretende designar a una especial master, un rol judicial con facultades para examinar documentos y emitir recomendaciones, para investigar si abogados del Departamento de Justicia o del Interior violaron normas éticas al gestionar el proyecto del campo de golf. La designada sería Jessie K. Liu, exfiscal federal con experiencia en derechos civiles y seguridad nacional, que trabajó durante la primera administración Trump.
El litigio se origina en una demanda presentada por una organización sin fines de lucro y jugadores habituales del East Potomac, que acusan a funcionarios de incumplir con los requisitos de revisión ambiental y preservación histórica, además de haber talado árboles sin autorización. Reyes ya emitió una orden preliminar para detener la tala mientras se requieren avisos previos antes de cualquier cambio irreversible en el campo.
La controversia se profundiza porque funcionarios afirmaron a la jueza que cumplen sus órdenes, pero Trump realizó publicaciones en su red social que parecen contradecir esas garantías, generando interrogantes éticos sobre la veracidad con la que los abogados del gobierno informan a la corte. Reyes estableció un plazo para que las partes expresen su opinión sobre la designación de Liu, mientras que el gobierno federal podría oponerse a la investigación ética.
En el plano legislativo, miembros del Congreso demócrata impulsan la recopilación de testimonios y documentos sobre el proyecto golfístico. Entre ellos destaca Jamie Raskin, quien fue principal encargado del proceso de juicio político a Trump y está en camino de presidir el Comité Judicial de la Cámara. Raskin exigió información sobre los impactos financieros y ambientales de la obra y mencionó la posibilidad de iniciar procesos de destitución contra funcionarios del Departamento de Justicia.
Por su parte, el fiscal general Todd Blanche advirtió que el Departamento de Justicia valora la posibilidad de investigar a legisladores demócratas, alegando que algunas de sus acciones podrían exceder la fiscalización legítima y acercarse a conductas penales. Trump calificó la ofensiva de los demócratas como una extorsión.
La disputa, en apariencia un conflicto sobre un campo de golf, se ha convertido en una confrontación constitucional entre las tres ramas del gobierno, con investigaciones judiciales, presiones legislativas y advertencias ejecutivas en juego.