Tribunal de Apelaciones respalda a la NCAA en disputa clave sobre elegibilidad universitaria

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito revocó una orden judicial que permitía a atletas de División I continuar una temporada más tras agotar su elegibilidad estándar durante la temporada 2022–23. Esta resolución refuerza la capacidad de la NCAA para oponerse a demandas relacionadas con la extensión de elegibilidad desde un enfoque antitrust.

Central al fallo en el caso Wisne vs. NCAA estuvo la definición del mercado laboral relevante para el análisis antimonopolio. La corte determinó que no se puede considerar todo el espectro de atletismo División I como un único mercado, sino que debe delimitarse según los programas deportivos que verdaderamente compiten por los servicios de un atleta en su disciplina específica. Según la jueza Carolyn B. McHugh, representar ese mercado únicamente como el conjunto de atletas D-I resulta poco plausible.

Este planteamiento parte de que la competencia se debe evaluar en función de qué programas deportivos intentan atraer a cada atleta de forma realista, reconociendo que la categoría D-I resulta demasiado amplia. Por ejemplo, un jugador de fútbol americano no consideraría equipos de universidades sin programa de fútbol como opciones válidas, ni una jugadora de voleibol femenino contemplaría integrarse a un equipo de lacrosse.

La definición correcta del mercado es el primer paso en la evaluación antitrust; al rechazar el mercado propuesto por los demandantes, la corte descartó su reclamo sin necesidad de analizar otras etapas del caso. McHugh estableció que la magistrada de primera instancia cometió un error al aceptar el mercado planteado por los atletas.

Con este criterio, la mejor estrategia legal para futuros casos podría enfocarse en atletas de la misma disciplina deportiva y, preferiblemente, de programas similares en nivel competitivo. Los casos dependen de demostrar impactos en el mercado específico que les afecta.

Los demandantes en Wisne aún pueden solicitar una nueva revisión ante el pleno del 10º Circuito, aunque estas peticiones son raramente concedidas. Alternativamente, podrían llevar el caso ante la Corte Suprema de EE. UU., donde también las probabilidades de aceptación son bajas debido al reducido porcentaje de casos revisados.

Hasta el momento, no existe una división clara entre circuitos federales sobre la interpretación de las normas antitrust aplicadas a las reglas de elegibilidad de la NCAA. Los circuitos 3°, 4°, 6°, 9° y 10° han rechazado que dichas reglas vulneren la ley antimonopolio.

Las estrategias legales de la NCAA han prevalecido en cortes federales, aunque no impiden enfrentamientos en tribunales estatales, que han abordado casos de atletas profesionales durante períodos de descanso, como jugadores NFL en verano. En paralelo, la posible aprobación legislativa de leyes como el Protect College Sports Act que contengan exenciones antimonopolio podría limitar estas disputas, pero aún no ha avanzado con certeza.

Scott Bearby, dirigente legal de la NCAA, expresó su reconocimiento por la resolución del 10º Circuito, pero criticó la confusión causada por órdenes judiciales previas y el incurrir de exatletas en demandas múltiples en distintas jurisdicciones buscando decisiones favorables bajo una base de prueba limitada.