Jugadoras de baloncesto de Oregon State impulsan la unión bajo leyes laborales estatales

Las jugadoras del equipo femenino de baloncesto de Oregon State solicitaron formalmente ante la Junta de Relaciones Laborales de Oregon la representación sindical, marcando la primera acción que busca basar la organización laboral en leyes estatales para atletas de instituciones públicas.

Esta iniciativa es liderada por la United College Athletes Association (UCAA), un sindicato registrado 501(c)(5) que trabaja desde 2024 para organizar específicamente jugadoras de baloncesto universitario femenino. Según la UCAA, más de 100 deportistas han firmado autorizaciones para la unión sindical.

El consejo asesor de la UCAA cuenta con figuras vinculadas a sindicatos del deporte profesional, como la directora ejecutiva de NWSLPA, Meghann Burke, la presidenta de WNBPA, Nneka Ogwumike, y exfuncionarios de la National Labor Relations Board (NLRB, el organismo encargado de relaciones laborales en el sector privado en EE.UU.).

En paralelo, la UCAA sostiene una campaña legislativa contra el Protect College Sports Act (PCSA), una ley propuesta que limitaría los derechos de negociación colectiva de los jugadores. La organización ha manifestado que esta legislación podría suponer restricciones que habitualmente se deberían negociar directamente con las atletas.

La jugadora de Maryland Oluchi Okananwa, presidenta interina de la UCAA, declaró que buscan un «lugar en la mesa» para conseguir protección, una compensación justa y un acuerdo colectivo que establezca estándares para todas las atletas.

Esta movilización se produce poco después de que la College Football Players Association iniciara un intento de organización entre jugadores masculinos de fútbol americano en Stanford, aunque sin presentar todavía solicitudes formales de sindicato. Esta diferencia responde a la influencia que tiene el carácter público o privado de la universidad en la estrategia sindical.

Intentos anteriores de unión en Dartmouth y Northwestern involucraron a jugadores de universidades privadas, quienes argumentaron que deberían ser considerados empleados del sector privado, bajo la jurisdicción de la NLRB. Sin embargo, el caso de Oregon State explora la aplicación directa de las leyes laborales públicas a atletas universitarias públicas.

Existe un argumento en el sector de que la NLRB podría ejercer control sobre atletas en universidades públicas a través de una doctrina llamada “joint-employer”, que considera a jugadores empleados tanto por su universidad como por las conferencias o la NCAA, entidades privadas.

En suma, Oregon State abre un camino que podría redefinir los marcos legales con que se regula la relación laboral de atletas en el ámbito universitario público, tanto en derechos laborales como en negociación colectiva, evitando depender exclusivamente de leyes federales.