La Justicia estatal permite a exjugadores de la NFL competir en LSU y genera choque con demanda federal

Un juez de Louisiana dictó una orden preliminar que impide a la NCAA y a la SEC aplicar reglas de elegibilidad contra jugadores que firmaron con la NFL durante el verano y ahora quieren jugar fútbol americano universitario en LSU. Entre ellos están Dae’Quan Wright y Zxavian Harris, parte de una demanda colectiva contra la NCAA que incluye a más de 40 atletas.

Esta resolución abre la puerta para que Wright, Harris y otros puedan participar en el próximo juego de LSU contra Clemson, y prohíbe sanciones adversas contra ellos por parte del club colegial mientras dure el litigio. La SEC indicó que apelará esta decisión y, paralelamente, presentó una demanda federal contra LSU, su entrenador principal y otros directivos, acusándolos de reclutar jugadores que consideran inelegibles.

La SEC fundamenta su demanda en el derecho a la asociación y a no asociarse, afirmando que sus miembros no deben competir contra un equipo que incumple sus normas de elegibilidad, ya que algunos deportistas ya firmaron contratos profesionales y completaron sus años permitidos en la NCAA. Solicita además que un tribunal federal impida a LSU realizar actividades que contradigan los objetivos de la conferencia, lo que incluye reclutar y activar a estos jugadores.

Se abre así un posible conflicto jurídico entre una corte estatal que permite participar a esos atletas y bloquea sanciones, y otra federal que busca impedir que LSU los juegue o inscriba en su plantilla. La juez federal Annemarie Carney Axon podría decidir suspender aspectos del caso hasta que termine la disputa en la justicia estatal, aunque también podría emitir resoluciones contrapuestas.

Los casos enfrentan bases legales distintas: la demanda en Louisiana se apoya en el derecho estatal y los atletas buscan restablecer su elegibilidad bajo nuevas reglas que les permitirían competir una temporada adicional. Por su parte, la demanda federal se centra en cuestiones constitucionales relacionadas con la competencia y la asociación dentro de la SEC.

Ante posibles órdenes contradictorias, los involucrados podrían pedir a los tribunales aclarar cómo cumplir ambas sin incurrir en desacato. Una potencial solución sería que LSU inscriba a los jugadores en la plantilla para cumplir la orden estatal, pero evite alinearlos en partidos para respetar la medida federal, aunque esto dependerá de la interpretación judicial.

Este enfrentamiento judicial entre cortes estatales y federales refleja la complejidad creciente en la regulación legal del deporte universitario, sin que por ahora haya certezas sobre qué instancia tendrá la última palabra.