La SEC demanda a LSU y Lane Kiffin por reclutamiento de jugadores NFL inhabilitados

La Southeastern Conference (SEC) inició una demanda federal en Alabama contra LSU, su entrenador de fútbol americano Lane Kiffin y otros implicados, en un intento por frenar la práctica de reclutar jugadores que tienen contratos profesionales en la NFL pero buscan regresar al fútbol universitario al margen de las reglas de elegibilidad.

La demanda, presentada por abogados de Robinson Bradshaw y Bradley Arant Boult Cummings, acusa a LSU y Kiffin de violar el derecho a la asociación expresiva de la SEC al fomentar que estos atletas, que completaron cuatro años de elegibilidad bajo la NCAA y terminaron su etapa universitaria recientemente, busquen regresar a competir luego de que una modificación en las normas de elegibilidad no los incluyó.

Esos jugadores, firmados con equipos como Cleveland Browns, New Orleans Saints y Tampa Bay Buccaneers, han sido vistos practicando con el equipo de LSU, y la SEC sostiene que esta es una campaña deliberada y coordinada para atraerlos. La conferencia argumenta que permitir la participación de estos atletas iría en contra de su misión y valores, además de perjudicar a jugadores más jóvenes que comienzan su carrera universitaria.

Ante esta controversia, se desarrolla una demanda paralela en un tribunal estatal de Luisiana, donde más de 40 atletas universitarios que finalizaron su participación en la NCAA buscan una temporada adicional en 2026-27. Estos jugadores han presentado litigios contra la NCAA, la SEC y su comisionado, argumentando que no recibir cinco años de elegibilidad es injusto.

El caso refleja tensiones en la regulación de la elegibilidad universitaria, pues mientras algunos sostienen que la NCAA y la SEC tienen el derecho de establecer estas normas como asociaciones privadas, otros defienden que estas restricciones pueden vulnerar leyes antimonopolio y derechos individuales.

Además, la SEC fundamenta su demanda en precedentes legales que protegen el derecho de asociación y desasociación bajo la Primera Enmienda de Estados Unidos, afirmando que verse obligada a aceptar la participación de jugadores inhabilitados contradice el mensaje y la imagen que la conferencia desea transmitir.

Por su parte, LSU podría responder señalando que la disputa debe canalizarse por mecanismos internos de la conferencia, como multas o sanciones acordadas en el reglamento, y no a través de la intervención judicial bajo la Primera Enmienda. Este litigio fue asignado a la jueza federal Annemarie Carney Axon, conocida por resolver otro caso de alto perfil en el ámbito deportivo recientemente.