La NCAA pierde la primera batalla legal contra la ampliación de elegibilidad de atletas universitarios

Un juez de distrito del estado de Colorado rechazó la solicitud de la NCAA para suspender una orden judicial que autoriza a miles de atletas universitarios, que comenzaron sus estudios en 2022 y ya agotaron cuatro años de elegibilidad, a disputar un quinto año. Esta decisión representa la primera derrota en el proceso de apelación que la NCAA inició para revertir la medida.

La controversia comenzó tras la implementación de una política de elegibilidad basada en la edad que la NCAA anunció en junio. Según esta regla, los deportistas contarían con cinco años para disputar hasta cinco temporadas, contando desde su cumpleaños 19 o su ingreso a la universidad, lo que ocurriera primero. Sin embargo, no se contempló una transición para quienes iniciaron estudios en 2022 y ya finalizaron cuatro años de juego, excluyéndolos del quinto año adicional.

El fallo se originó a partir de una acción colectiva presentada en julio, que llevó a la juez Charlotte Sweeney a emitir una orden preliminar que extiende ese quinto año a todos los atletas en situaciones similares a nivel nacional. A pedido de la NCAA, la jueza aclaró que otras reglas vigentes, relacionadas con límites de plantilla, restricciones de elegibilidad profesional y la llamada “regla de transferencia fantasma”, continúan aplicándose.

La negativa a suspender la medida llega en medio de un ambiente de incertidumbre para entrenadores, agentes, jugadores y operadores de NIL (derechos sobre el nombre, imagen y semejanza), quienes buscan adaptarse a las nuevas condiciones de elegibilidad. La NCAA mantiene su postura de impugnar la orden en tribunales superiores en lugar de modificar su política.

En un comunicado interno, un representante legal de la NCAA señaló que trabajan para restaurar el estado anterior, entendido como el consenso de sus miembros sobre lo mejor para los estudiantes-atletas, incluyendo quienes recién comienzan su carrera universitaria. La apelación ante el Tribunal del Décimo Circuito incluirá no solo el pedido de revocar la orden sino también intentos para suspenderla provisionalmente durante el proceso de apelación, una solicitud que hasta ahora no ha prosperado.