La NCAA demanda al gobernador DeWine por orden que permite a atletas no elegibles competir

La NCAA demandó al gobernador de Ohio, Mike DeWine, por violar la Constitución de Estados Unidos y la ley estatal al emitir una orden ejecutiva que autoriza a universidades de Ohio a permitir la participación deportiva de atletas que la asociación considera ineligibles. La demanda se presentó ante un tribunal federal en Ohio y cuestiona específicamente la orden ejecutiva 2026-04D, que exime a ciertas instituciones del estado de hacer cumplir las reglas de elegibilidad de la NCAA.

Esta orden, emitida el martes, afecta a exjugadores de División I que agotaron sus cuatro años de competencia y pertenecen a la clase de secundaria de 2022. La NCAA sostiene que DeWine actuó más allá de su autoridad legal y viola la Cláusula de Comercio, la Primera Enmienda y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, además de la legislación estatal de Ohio.

La asociación argumenta que estas reglas de elegibilidad no son arbitrarias, sino que provienen de los estatutos aprobados por sus universidades miembro, las cuales confían en la aplicación de dichas normas para mantener la integridad competitiva. DeWine, por su parte, justifica la orden como necesaria para evitar que las universidades de Ohio queden en desventaja frente a otros estados que permiten el juego de atletas ineligibles.

La demanda busca declarar la orden ejecutiva ilegal y obtener una medida cautelar que impida a DeWine instruir a las escuelas de Ohio a ignorar las normas de la NCAA. El conflicto surge en un contexto donde varios atletas de la clase de 2022 han demandado a la NCAA por cambios recientes en reglas de elegibilidad, buscando extender la oportunidad de jugar y generar ingresos por derechos de imagen (NIL).

La NCAA enfatiza que permitir la participación de estos deportistas impactaría negativamente a atletas elegibles, ya que la oportunidad de juego es limitada y distribuye tiempo y recursos entre los competidores. Destaca además que el éxito competitivo de las universidades influye en la distribución de ingresos de la asociación, lo que podría beneficiar desproporcionadamente a las escuelas de Ohio en detrimento de otras.

Recientemente, un tribunal de apelaciones de Ohio revirtió una orden que permitía a varios jugadores seguir compitiendo tras agotar su elegibilidad. Sin embargo, la Corte Suprema estatal suspendió esa revocación, manteniendo la orden inicial mientras analiza el efecto de la directiva ejecutiva de DeWine en el caso.

La demanda de la NCAA incluye argumentos legales basados en la Constitución. Respecto a la Cláusula de Comercio, señala que la orden favorece a las universidades locales y crea una desigualdad frente a competidores de otros estados que siguen las reglas oficiales. En materia de Primera Enmienda, defiende el derecho asociativo de la NCAA y sus miembros para definir criterios de elegibilidad. En cuanto a la legislación estatal, acusa a DeWine de emitir una orden sin respaldo legal, lo que la vuelve inválida.

Entre las posibles defensas que DeWine podría emplear están la falta de madurez del conflicto para judicializarlo, alegando que no hay daño real hasta que una escuela aplique la orden, la inmunidad soberana que protege a funcionarios estatales, y el ejercicio legítimo de sus poderes ejecutivos para proteger el interés público. La NCAA anticipó estos argumentos y fundamenta que la inmunidad no aplica si el gobernador actúa fuera de su autoridad legal.