Retrasos en el Protect College Sports Act aumentan riesgo de nuevas demandas contra la NCAA

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, reconoció que no se prevé una votación sobre el Protect College Sports Act (PCSA) antes de que el Senado entre en un receso de cinco semanas a partir del 7 de agosto, lo que abre la puerta a un aumento de litigios contra la NCAA relacionados con la elegibilidad y transferencias de deportistas universitarios. Esta demora complica el avance de una propuesta legislativa que busca otorgar una excepción antimonopolio específica para la NCAA y sus miembros.

El PCSA, impulsado por senadores de ambos partidos, pretende proteger a la NCAA frente a demandas basadas en leyes antimonopolio relacionadas con la elegibilidad de los atletas, el manejo conjunto de derechos de medios y el establecimiento de un tope rígido en el gasto de las universidades. La ley intentaría frenar juicios de deportistas cuyos periodos de elegibilidad hayan terminado pero que quieran seguir jugando para obtener ingresos por su nombre, imagen y semejanza (NIL) o por reparto de ganancias.

Si el PCSA o alguna legislación con exenciones antimonopolio similares no se aprueba, la presentación de demandas seguirá en aumento y la práctica de transferencias ilimitadas entre universidades permanecerá vigente en el deporte colegial. La respuesta a esta situación ha sido diversa: mientras algunos responsabilizan a los atletas y sus abogados por generar caos, otros señalan que varias instituciones universitarias condicionan la permanencia de atletas prometiéndoles plazas en el equipo solo si ganan disputas legales contra la NCAA, creando incentivos para la litigiosidad.

El PCSA ha sido identificado como la iniciativa con más probabilidades de convertirse en ley, pese a que en los últimos seis años se han presentado más de 40 proyectos de ley sobre deportes universitarios sin que ninguno haya avanzado significativamente. Este proyecto cuenta con apoyo bipartidista, reflejado en la aprobación con una votación de 19 a 9 en el Comité de Comercio del Senado.

Además, el bill evita el tema controvertido del empleo de los atletas universitarios y contiene elementos similares a órdenes ejecutivas firmadas por el expresidente Donald Trump, lo que sugiere un posible respaldo presidencial si el proyecto llegara a su escritorio. Sin embargo, enfrenta resistencia importante de algunas conferencias como la Southeastern Conference (SEC) y la Big Ten, que cuestionan las disposiciones sobre el manejo conjunto de derechos de medios, consideradas poco rentables para sus miembros.

Estas conferencias han solicitado modificaciones al proyecto y mantienen reuniones con el equipo legislativo del Congreso. A pesar de que Thune señaló que la votación «va en la dirección correcta», no hay consenso definitivo. Por otro lado, el Congressional Black Caucus pide pausar la consideración del PCSA y otros proyectos hasta que los líderes deportivos atiendan preocupaciones relacionadas con representaciones políticas de la comunidad negra.

El calendario legislativo también representa un desafío. El receso del Senado se extenderá hasta el 14 de septiembre, dejando pocas semanas antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, periodo en que la actividad congresional suele reducirse por temas de campaña. Incluso si el PCSA fuera aprobado en el Senado, debe superar luego la Cámara de Representantes, cuyo equilibrio político está muy ajustado y también enfrenta recesos frecuentes y posibles paralizaciones gubernamentales.

Podría existir la opción de avanzar en una sesión «lame duck» después de las elecciones, pero dado el actual contexto político y la posibilidad de un cambio de mayoría en la Cámara, su aprobación sigue siendo incierta. De no prosperar, el escenario legal continuará dictando la evolución de las reglas de elegibilidad y transferencia a través de múltiples demandas en distintos tribunales, generando decisiones contradictorias.

Recientemente, el Directorio de la División I de la NCAA confirmó que no planea modificar las nuevas normas basadas en la edad para la elegibilidad, que establecen un periodo máximo de cinco años para competir y que fueron aprobadas unánimemente por su gabinete. No obstante, la realidad legal ha demostrado que este tipo de regulaciones provoca disputas constantes por la interpretación y aplicación en diversos casos similares.

Una posible ruta legislativa alternativa que ha circulado considera una excepción antimonopolio más limitada, centrada en reglas de elegibilidad y transferencias, como propone el Student Athlete Act. Esta opción busca simplificar las reformas sin abordar los aspectos más complejos y polémicos que atraen a un grupo amplio de legisladores.