Un juez bloquea a CSI Entertainment de exigir estados financieros de Mayweather en disputa legal
Un juez federal rechazó que Floyd Mayweather deba entregar registros financieros sobre un combate cancelado, aunque ordenó entregar documentos sobre negociaciones previas.
Un juez federal decidió que Floyd Mayweather no está obligado a entregar estados financieros ni contratos relacionados con una pelea propuesta contra Mike Zambidis, aunque sí debe compartir documentos sobre las condiciones y negociaciones de ese combate. La resolución forma parte de una demanda presentada por CSI Entertainment, empresa encargada de organizar las próximas peleas de Mayweather contra Mike Tyson y Manny Pacquiao.
CSI acusa a Mayweather de incumplir un contrato que le prohibía enfrentar cualquier combate profesional o exhibición antes de la pelea pactada con Tyson, sin consentimiento previo. Según CSI, Mayweather programó un enfrentamiento con Zambidis, un kickboxer y peleador de MMA griego, que fue cancelado debido al litigio y posibles consecuencias legales. La fecha tentativa para la pelea con Tyson sería en septiembre, y un enfrentamiento con Pacquiao está previsto para después, aunque aún sin fecha concreta.
El reclamo de CSI incluye solicitar una orden judicial para impedir que Mayweather haga peleas que, según la empresa, dañan la exclusividad y valor de los eventos principales. CSI argumenta que Mayweather podría ser insolvente y por eso pide acceso a información financiera amplia, incluyendo declaraciones de impuestos y detalles de activos. Sin embargo, el juez Vernon Broderick negó esta solicitud argumentando que no hay pruebas suficientes para sostener la insolvencia y que esa especulación no justifica una investigación exhaustiva en esta etapa.
En contraste, el juez ordenó a Mayweather entregar documentos relacionados con su acuerdo para la pelea con Zambidis, como el número de rounds, el tamaño de los guantes y las reglas sobre patadas, además de cualquier negociación formal para pelear con terceros diferentes a Tyson y Pacquiao hasta comienzos de 2027. El proceso legal continuará con una conferencia telefónica prevista entre las partes y el juez en agosto, mientras una eventual conciliación permanece abierta como opción.