El Protect College Sports Act podría transformar la regulación del deporte universitario en EE.UU.

El Senado de Estados Unidos dio un paso significativo para avanzar en la aprobación del Protect College Sports Act (PCSA), una ley que propone otorgar a la NCAA y sus miembros una exención antimonopolio limitada y establecer regulaciones específicas sobre elegibilidad y compensación en el deporte universitario. La votación para avanzar con la discusión fue aprobada por una amplia mayoría, aunque queda pendiente la aprobación final en ambas cámaras y la firma presidencial para que la ley entre en vigencia.

El texto del PCSA definiría una ventana de elegibilidad máxima de cinco años para atletas universitarios y restringiría la participación de quienes hayan competido como profesionales, con excepciones específicas. Además, limitaría las transferencias: el atleta tendría derecho a una transferencia sin pérdida de elegibilidad y otras transferencias sin sanciones en condiciones particulares, como el cambio de entrenador principal. La norma también contemplaría un marco nacional para los acuerdos de NIL (name, image and likeness), actualmente regulados por distintos estados con normativas heterogéneas.

El proyecto incorporaría novedades financieras, permitiendo a las instituciones usar un fondo de retención destinado a convencer a los atletas para que no cambien de escuela o se conviertan en profesionales. Este fondo, junto con la posibilidad de repartir un porcentaje de los ingresos por derechos deportivos, patrocinio y venta de entradas, sumaría una capacidad total aproximada para gastos directos en atletas que podría superar los 49 millones de dólares.

El PCSA también restringiría fusiones de conferencias, prohibiría a los entrenadores principales de fútbol americano colegial aceptar empleo en otras instituciones durante la temporada y facilitaría la consolidación de derechos de medios sin incurrir en infracciones antimonopolio. El proyecto declara una posición neutral respecto a si los atletas son empleados, evitando modificar disputas legales en curso sobre ese tema.

Por otro lado, la ley plantea desafíos jurídicos vinculados a la preeminencia federal frente a leyes estatales, especialmente dado que los estados han utilizado sus normativas para influir en disputas por elegibilidad o contratos NIL. La preeminencia federal, amparada en la cláusula del comercio interestatal de la Constitución, es un punto central, aunque la corte suprema y sus precedentes han protegido en algunos casos la autonomía estatal, lo que podría generar litigios.

Además, el PCSA asignaría a la NCAA, las conferencias y la recién creada College Sports Commission una autoridad considerable para supervisar normas sobre compensación y transferencia, lo que ha sido cuestionado por expertos que alertan sobre un posible «problema de delegación privada», esto es, la transferencia de poder legislativo a entidades no gubernamentales que podrían generar conflictos legales.

La regulación nacional del NIL que plantea el PCSA se enfrenta a otro factor complejo: el derecho de publicity es un derecho estatal que protege el uso comercial de la imagen y otros aspectos personales. Como el NIL forma parte de este derecho, los posibles conflictos entre la legislación federal y la estatal podrían derivar en nuevas disputas legales.

Asimismo, el PCSA extendería —con limitaciones y controversias— las protecciones antimonopolio que establece la Sports Broadcasting Act de 1961 para potenciar la distribución y compartición de ingresos, aunque esta norma originalmente ampara solo transmisiones gratuitas por aire y no la mayoría de las actuales emisiones en cable o pago, poniendo en duda el alcance real de esta medida.

En síntesis, el Protect College Sports Act busca ordenar varios aspectos del deporte colegial, pero plantea un panorama legal complejo, con amplias áreas sujetas a interpretación y posibles demandas. Su aprobación marcaría un paso federal importante aunque no necesariamente resolvería todas las fuentes de conflicto ni evitaría la litigiosidad en el sector.