Gobernador de Ohio autoriza a universidades a saltarse reglas de elegibilidad de la NCAA, se anticipan demandas
Mike DeWine firmó una orden ejecutiva que permite a atletas de la clase 2022 con cuatro temporadas cumplidas competir en Ohio, pese a la prohibición de la NCAA.
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, firmó una orden ejecutiva que autoriza a las universidades estatales a permitir que ciertos atletas universitarios de la clase de 2022 que agotaron sus cuatro temporadas de competencia sigan jugando, aun cuando la NCAA los declare inelegibles. Esta medida se centra en deportistas que concluyeron su etapa universitaria este año y excluye expresamente a aquellos que participaron en ligas profesionales como la NFL, NBA y WNBA.
La orden busca nivelar la competencia con programas de otros estados, donde algunos juzgados han emitido fallos favorables a atletas que demandaron para obtener más tiempo de juego, incluso después de firmar contratos profesionales. Estos jugadores, generalmente entre 22 y 23 años, argumentan que es injusto que la NCAA haya extendido la elegibilidad hasta cinco años pero sin aplicar ese cambio retroactivamente a la clase 2022.
La NCAA se ha negado a conceder esta extensión para esa cohorte, aduciendo que permitir el regreso de estos atletas afectaría a jugadores que entran como freshmen, quienes contaron con la promesa de los entrenadores al elegir sus instituciones. Las decisiones judiciales en distintos estados han sido incongruentes; por ejemplo, tribunales en Louisiana e Indiana han respaldado a los deportistas, mientras que en Ohio un tribunal apelativo revirtió una medida preliminar que había permitido a jugadores como Filip Borovicanin de Xavier competir este otoño.
En paralelo, la Corte de Apelaciones del 10º Circuito está considerando revocar una orden similar que beneficiaba a atletas en su jurisdicción —que comprende seis estados—, aunque sus fallos no son obligatorios fuera de ese ámbito.
La NCAA criticó públicamente la orden de DeWine, subrayando que un funcionario electo no puede legislar sobre las reglas de elegibilidad. Además, recordó que sus miembros aprobaron unánimemente el cambio basado en la edad y que la variación en las normas entre estados genera una ruptura en la aplicación uniforme que buscan mantener.
Desde el punto de vista legal, la NCAA podría demandar a Ohio alegando que la orden ejecutiva viola la Cláusula de Comercio Dormante y la Cláusula de Contratos de la Constitución de Estados Unidos. La primera restringe que los estados legislen en formas que afecten negativamente la economía de otras entidades, mientras que la segunda prohíbe alterar obligaciones contractuales, como las que unen a las escuelas con la NCAA.
El precedente que la NCAA podría invocar viene de un caso similar en los años 90 contra el gobernador de Nevada, Robert Miller, quien firmó una ley que interfería con las investigaciones de la NCAA sobre infracciones. En esa ocasión, el tribunal federal falló a favor de la NCAA, señalando que leyes estatales no pueden imponer normativas contradictorias que alteren el funcionamiento nacional de la organización.
Este antecedente muestra cómo una legislación estatal puede generar un efecto dominó, con otros estados adoptando medidas dispersas que dificultan la aplicación uniforme de reglas a nivel nacional. La situación se asemeja a los debates sobre regelaciones divergentes en materia de NIL (Name, Image, Likeness), tema que también ha llevado a propuestas legislativas federales para evitar la fragmentación normativa.
La autorización para que universidades en Ohio ignoren las reglas de la NCAA podría enfrentar retos judiciales similares. La potencial aparición de órdenes equivalentes en otros estados es una posibilidad que la industria deportiva observa con atención.