La decisión judicial sobre elegibilidad genera caos en el deporte universitario de EE. UU.

Una orden preliminar emitida por un juez federal de Colorado alteró de forma inesperada las normas de elegibilidad de la NCAA, permitiendo que miles de atletas del ciclo 2022 puedan disputar un quinto año a pesar de haber agotado los cuatro permitidos.

El fallo, anunciado en la noche del 31 de julio, provocó una movilización inmediata entre entrenadores, agentes y operadores de NIL, que vieron una oportunidad sin precedentes para ampliar sus plantillas y renegociar contratos. Sin embargo, la confusión aumentó por las limitaciones que aclaró el juez Sweeney días después, al puntualizar que otras restricciones como la no elegibilidad para atletas profesionales o mayores de 24 años se mantienen vigentes.

Además, el fallo no abrió un nuevo período para el portal de transferencias, lo que restringe la movilidad de estos jugadores a los equipos donde ya están inscritos para la temporada 2025-26. Equipos con plantillas completas enfrentan además el reto de financiar sobresueldos a través de acuerdos externos, ya que las normas de reparto de ingresos limitan la capacidad interna para ampliar el número de atletas.

El cambio judicial provocó escenas evidentes de desorden. Ejecutivos de equipos comentaron que recibieron una avalancha de mensajes y llamadas de agentes, mientras que los departamentos de cumplimiento estaban de vacaciones o desconectados, lo que complicó la interpretación unificada de la nueva situación.

El antecedente de esta crisis se remonta a una nueva política implementada en junio por la NCAA, que estableció un modelo de elegibilidad basado en la edad: cinco años para jugar cinco temporadas desde el momento en que un atleta cumple 19 años o entra a la universidad, lo que ocurra primero. Esta política, sin embargo, excluyó inicialmente a los atletas que ingresaron en 2022 y ya completaron cuatro años, lo que generó demandas judiciales, una de las cuales resultó en la suspensión temporal que obliga ahora a la NCAA a ofrecer una temporada adicional a toda esa cohorte.

El órgano rector anunció que apelará la decisión para recuperar el statu quo que consideraba adecuado para la mayoría de los atletas, mientras varios abogados de los demandantes solicitan que se revierta la interpretación que permite mantener algunas restricciones vigentes, argumentando que contradiría la intención original del fallo.

Entre las afectadas por las complicaciones está Aislin Malcolm, jugadora universitaria que perdió la oportunidad de transferirse a otro programa a pesar de haber recibido una oferta que incluye beca y acuerdos de NIL, debido a la vigencia de la regla que impide transferencias sin pasar por el portal oficial. Su caso refleja las dificultades que enfrentan muchos atletas bajo la nueva situación regulatoria.

Fuentes del sector coinciden en que el manejo inicial de la política por parte de la NCAA fue deficiente y que la confusión podría haberse evitado con una aplicación más clara o diferida de la norma. Por ahora, la mayoría de los equipos prefieren esperar decisiones definitivas antes de hacer movimientos en sus nóminas, dada la incertidumbre vigente.