La NCAA solicita suspensión de fallo que otorga un año extra de elegibilidad a atletas universitarios

La NCAA presentó una solicitud de emergencia para que un juez federal suspenda una orden judicial que permite a ciertos atletas universitarios del ciclo 2022 obtener un año extra de elegibilidad deportiva. La asociación demandó que la suspensión se mantenga hasta que la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito emita un fallo definitivo.

Argumenta que la vigencia de la orden causaría que miles de deportistas, incluyendo a novatos, pierdan sus cupos en los equipos de la División I. Esto se debe a que la cantidad total de plazas en los rosters es fija, por lo que la entrada de atletas con más años desplazaría a los más jóvenes, quienes podrían sufrir daños irreparables y presentar nuevas demandas.

El tribunal federal certificó una clase nacional de atletas que iniciaron su participación universitaria en 2022-2023 y ya completaron cuatro años de elegibilidad, prohibiendo que accedan a una quinta temporada. Este grupo, que integra la demanda Wisne et al. v. NCAA, está compuesto por doce hombres y mujeres que quieren permanecer en sus universidades para aumentar ingresos por NIL y participación en ganancias.

La NCAA sostiene que, pese a que la jueza Sweeney consideró probable la victoria de los atletas al conceder la orden original, la entidad tiene mayores posibilidades de éxito. Además, subraya que los demandantes no impugnan el sistema de elegibilidad vigente, sino la aplicación retroactiva de sus reglas.

En 2026, después del ciclo académico 2025-26, se modificaron las normas para impedir que atletas que finalizaron su elegibilidad retornen y ocupen plazas de novatos y transferidos. La NCAA citó precedentes legales que avalan el derecho de las asociaciones deportivas a enmendar sus reglamentos y a decidir cuándo aplicarlos, destacando que los demandantes sabían que 2025-26 sería su última temporada.

Respecto al análisis antimonopolio, la NCAA sostiene que los atletas no definieron un mercado económico pertinente, ya que la supuesta competencia entre diferentes deportes y universidades no es aceptada por tribunales. También cuestiona la evidencia presentada sobre ingresos NIL y advierte que dichas ganancias provienen de terceros, no de la asociación ni sus miembros.

El organismo reiteró que cualquier aplicación de las reglas implica ganadores y perdedores, y defendió su poder discrecional para proteger las oportunidades de los futuros estudiantes-atletas. Señaló que sin la suspensión de la orden sufriría daños que no pueden ser reparados con dinero, ya que se desestabilizarían los planteles justo antes del inicio del semestre, complicando la gobernanza interna.

En sus escritos, la NCAA destaca la posible afectación a cientos de miles de atletas que cuentan con plazas aseguradas para la temporada 2026-27 y que no fueron parte del proceso judicial. Para la asociación, la clase de 2022 ya obtuvo el máximo beneficio permitido y no queda evidencia de que necesiten más tiempo de elegibilidad para completar sus estudios.

La jueza Sweeney fijó plazos para que ambas partes presenten sus argumentos sobre la suspensión. Sin una resolución rápida, la llegada inminente de la temporada universitaria y la preparación de los novatos podrían complicar la situación práctica para atletas, familias y universidades.