Nuevo proyecto de ley sobre deportes universitarios no creará un organismo federal de control
El proyecto Protect College Sports Act amplía el reparto de ingresos para jugadores y regula los acuerdos de NIL sin crear una autoridad federal, dejando la fiscalización a una co…
El Protect College Sports Act, en su versión recientemente acordada, eleva significativamente el tope de ingresos que las universidades pueden repartir entre sus atletas y establece mecanismos para controlar los acuerdos de nombre, imagen y semejanza (NIL) —sin crear un nuevo cuerpo federal encargado de la fiscalización.
El proyecto aumenta casi al doble el límite de pagos por reparto de ingresos contemplado en el arreglo previo entre la Cámara de Representantes y la NCAA, fijando un tope aproximado de $21 millones y creando además un fondo adicional llamado “retention pool” de hasta $22.5 millones para uso interdeportivo en las instituciones.
La legislación permite que los jugadores sigan cobrando por contratos con terceros en materia de NIL, siempre que estos tengan un propósito comercial legítimo y estén separados del reparto de ingresos. Para evitar la evasión del límite de pagos, establece dos controles: primero, los atletas deben presentar estos acuerdos ante la College Sports Commission (CSC), órgano encargado de supervisar los contratos NIL. Segundo, las entidades asociadas que puedan actuar en nombre de las escuelas —como administradores de derechos multimedia, patrocinadores de ropa o cualquier empresa patrocinadora— deben certificar que estos contratos son auténticos y no encubren pagos por desempeño.
Según el resumen publicado por el Comité de Comercio del Senado, los patrocinadores deben certificar que financian directamente los acuerdos y que las universidades no facilitaron ni negociaron las compensaciones para eludir el límite. La CSC será responsable de investigar y sancionar las infracciones.
El proyecto no revierte violaciones a delitos penales ni involucra a las autoridades federales más allá de la comisión especializada. Las sanciones contemplan suspensiones y multas aplicadas por la CSC.
Tras el apoyo declarado del SEC y Big Ten, los promotores del proyecto solicitaron avanzar con un proceso acelerado para llevarlo a voto en el pleno del Senado. Sin embargo, la votación podría postergarse hasta después del receso de agosto, con incertidumbre sobre su aprobación antes de fin de año y las elecciones intermedias.